2012-06-12 16:06 FC Barcelona Por: Administrador

En la COPE son más espabilados que en la directiva de Rosell



La directiva de Sandro Rosell pasó de lso seis millones requeridos a la COPE por las presuntas acusaciones de dopaje en unos 200.000 euros. Una cifra que la cadena cubrirá con la demanda que ha realizado al Confidencial.com por unos artículos escritos por su columnista Graciano Palomo en relación a cuestiones internas de la empresa radiofónica. La cantidad solicitada es de 1.750.000 euros. Los artículos objeto de la demanda hacían referencia a un explosivo correo electrónico que había llegado a los trabajadores de COPE.

Cuestiones laborales han provocado este demanda. Se habla de un correo electrónico que ha llegado a los trabajadores de la emisora y en donde se cuestiona duramente al consejero delegado Rafael Pérez del Puerto, al director general comercial Julián Velasco y al director general financiero, Ignacio Armenteros.



El contenido del supuesto correo electrónico recibido por los empleados con nómina en COPE dice que "la emisora es un polvorín" y acusa de corrupción a estos tres miembros de la dirección.

"Julián Velasco tiene dos empresas: Fragua de Ideas S.L. y Azada Consulting S.L, que se dedican a la publicidad, o sea, la misma actividad que Cope, en las que se declaran unas ventas en los últimos cinco años de más de 7 millones de euros. [...]", denunciaba el e-mail

"Estos datos los conocen muchos trabajadores de COPE. Hay quien piensa que hacerle la competencia a la empresa que te paga una muy buena nómina es una vergüenza; los que conocen el mundo de la publicidad piensan que nadie va a trabajar a COPE si ya gana ese dinero en su empresa, desviando la publicidad directa a una agencia y cobrando a COPE la comisión de la agencia y el descuento especial por cantidad de ventas", concluía el correo.



La cadena episcopal ha presentado la demanda en el Juzgado de Primera Instancia de los de Madrid contra la empresa editora de El Confidencial.com y contra el periodista Graciano Palomo, por intromisión ilegítima en el derecho al honor de tres de sus máximos ejecutivos.


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